En una decisión considerada estratégica para la defensa del Estado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este jueves que Argentina podrá continuar el proceso de apelación en la causa por la expropiación de YPF sin entregar, por ahora, el 51% de las acciones de la petrolera estatal ni presentar garantías adicionales.

El fallo suspende la orden emitida el 30 de junio por la jueza Loretta Preska, que exigía transferir esos títulos a los fondos Burford Capital y Eton Park como parte de pago de una indemnización de USD 16.100 millones más intereses, dictada en primera instancia.

Además, el tribunal aceptó que el gobierno de Estados Unidos intervenga como amicus curiae en respaldo a la posición argentina, aportando argumentos ante los jueces. Según explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, “las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación”.

Desde el Ministerio de Economía, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, destacó que “la orden del 30 de junio queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones”. En la misma línea, la Procuración del Tesoro subrayó que la medida “garantiza que el Estado conserve su participación mayoritaria en YPF, un activo estratégico para todos los argentinos”.

Dos frentes judiciales abiertos
Argentina sostiene actualmente dos apelaciones en paralelo:

• Contra la sentencia de primera instancia que impone el pago millonario, cuya audiencia oral está prevista para la semana del 27 de octubre.

• Contra la orden de Preska que solicitaba la entrega de las acciones, con plazo para que la defensa presente sus argumentos el 25 de septiembre.

En el sistema judicial estadounidense, las sentencias no se suspenden automáticamente con la apelación, lo que agrega complejidad procesal. Además, la Ley 26.741 —que habilitó la expropiación de YPF— prohíbe transferir acciones sin la autorización previa del Congreso, dificultando el cumplimiento de la orden original.

La suspensión de la entrega de acciones le otorga a Argentina un margen temporal para continuar la estrategia de defensa sin arriesgar un activo central. Aunque se trata de una medida provisoria, el fallo representa un respiro para el Gobierno en un escenario económico delicado. La definición final quedará en manos del tribunal de apelaciones en los próximos meses, en un caso que sigue siendo clave en la agenda legal y financiera del país.