El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba declaró la quiebra de la empresa Márquez & Asociados Constructora Desarrollista —actualmente denominada MRQZPABAR Desarrollos S.A.—, con sede en barrio Villa Warcalde. La medida fue dispuesta tras el reclamo de un profesional con créditos impagos en concepto de honorarios. El juez Sergio Ruiz calificó el proceso como una “quiebra pedida compleja”, en atención al gran número de causas civiles en curso o próximas a iniciarse contra la firma, así como por la existencia de múltiples denuncias penales (varias miles) en su contra. Los acreedores podrán presentar sus solicitudes de verificación de créditos y los títulos correspondientes ante la sindicatura hasta el 11 de noviembre de 2025. Dichas presentaciones deberán realizarse exclusivamente de forma digital, conforme a lo establecido en el Protocolo de Actuación Profesional de la Sindicatura Concursal en el marco del expediente judicial electrónico (AR n.º 1714). El sorteo de la sindicatura se realizará el martes 13 de mayo. Oportunamente, se informarán los datos de contacto, domicilio y horarios de atención del síndico designado. Como parte de las medidas ordenadas, el juez prohibió a terceros efectuar pagos directamente a la empresa, declarando ineficaces por derecho todos aquellos que se realicen fuera del procedimiento judicial. Todos los pagos deberán realizarse mediante depósito en la cuenta judicial n.º 922/7728109 (CBU 0200922751000007728196) del Banco de Córdoba, sucursal Tribunales. Asimismo, se dispuso la inhibición general de bienes de la sociedad y la indisponibilidad de todos los bienes registrados a su nombre. También se ordenó inscribir la declaración de quiebra en el Registro de Juicios Universales y en el Registro Público correspondiente. La sentencia incluye, además, la inhabilitación de la sociedad deudora y de los miembros titulares de su directorio: Juan Pablo Márquez (presidente) y Ariel Hernán Márquez (vicepresidente). Se intimó a todos los terceros que posean bienes de la firma a entregarlos a la sindicatura en un plazo de 24 horas. También se ordenó la venta de los activos de la empresa, aunque la designación del enajenador se postergará hasta que la sindicatura tome posesión efectiva de los bienes y determine el modo más conveniente de realización. El juez estableció el cronograma procesal: la sindicatura deberá presentar el informe individual de créditos el 25 de junio de 2026; la sentencia de verificación de créditos será dictada el 18 de diciembre de 2026, y el Informe General deberá presentarse el 24 de febrero de 2027. Dada la magnitud del caso, la gran cantidad de personas afectadas y la relevancia social del conflicto, el juez Ruiz consideró “imprescindible” la intervención del Ministerio Público Fiscal, las Oficinas de Defensa del Consumidor y la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.